Este trabajo aborda dos problemas graves en la protección de los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana en Chile: uno vinculado a la población migrante y otro a los solicitantes de la condición de refugiado. En el primer caso se analiza la ausencia de garantías procesales mínimas en los procedimientos de expulsiones administrativas, y la inexistencia de la motivación de las decisiones por parte de la autoridad migratoria. Para el segundo, se examinan los problemas de acceso al procedimiento de calificación de la condición de refugiado generado por la misma Administración del Estado, al objeto de impedir el ejercicio de este derecho. Para ambos casos se desarrollan los estándares de derecho internacional de los derechos humanos que son plenamente aplicables al Estado de Chile, lo que da cuenta de cómo los tribunales nacionales han debido hacerse cargo de esta situación por la vía de las acciones constitucionales de amparo y protección.