El artículo analiza la respuesta del Estado chileno frente a las víctimas de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019. A partir de un enfoque evaluativo basado en documentos oficiales del Estado chileno y de organismos internacionales, el estudio examina las medidas desarrolladas entre 2019 y 2025 en materia de reconocimiento de derechos, asistencia, reparación y rehabilitación de las víctimas.

Entre sus principales hallazgos, el texto destaca que las posibilidades de reconocimiento y reparación dependen estrechamente de cómo el Estado define, registra y clasifica los daños producidos por la violencia institucional. Asimismo, identifica una respuesta fragmentada entre instituciones estatales y tensionada por cambios de gobierno, prioridades políticas y enfoques ideológicos distintos. Desde esta perspectiva, el artículo contribuye a comprender cómo los registros, las categorías institucionales y las políticas públicas inciden en las posibilidades de justicia, reparación y rehabilitación para las víctimas.